Más de 153 recursos contra la convocatoria de IRPF 2017 gestionada por la Consejería de Carlos Izquierdo

Las entidades de la Coordinadora así como otras Federaciones y entidades sociales que se integran en esta, han presentado 153 recursos de reposición denunciando errores, procesos de trabajo inexactos, documentación duplicada o no tenida en cuenta, así como incumplimientos al respecto de la convocatoria de IRPF 2017 que provocó la mayor crisis del tercer sector y las ONGs de la Comunidad de Madrid de la última década. 

Los equipos jurídicos cedidos por las propias ONGs que contaban con personal formado en procedimiento administrativo, han intervenido en 51 expedientes y acompañado a más de 60 entidades, así como revisado los procesos de reclamación de estas entidades, algunos aún pendientes hasta el día 13 de marzo de 2018, habida cuenta del ineficaz proceso de notificación y la opacidad que ha amparado todo el sistema de concesión de las subvenciones. 

Junto con estas acciones que agotan vía administrativa, la Coordinadora y Redes de ONGs especializadas han interpuesto un recurso contencioso administrativo agrupando a otras organizaciones y, no se descarta incrementar dichos elementos a través de otros procesos en sede judicial al tenerse noticia de posibles irregularidades e incompatibilidades en la contratación por parte del personal evaluador a cargo de la empresa pública TRAGSATEC (Transformaciones Agrarias SA , Grupo TRAGSA) responsable de la coordinación, junto con la Consejería, de todos los procesos de grabado de datos, muchos de los cuales han sido impugnados en los recursos y acciones judiciales interpuestas por las entidades de la Coordinadora. 

Desde la Coordinadora se quiere resaltar como la Consejería ha bloqueado en todos los casos la identificación del personal a cargo desde TRAGSATEC que ha efectuado las evaluaciones, provocando que las entidades sociales no puedan ejercer el control que reconoce el Art. 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo, así como conculcando otras garantías básicas que reconoce la Ley General de Subvenciones. 

El equipo motor de la Coordinadora está elaborando un listado de seguimiento de casos jurídicos para, en colaboración con las entidades afectadas, acompañar a las organizaciones en las respuestas que pueda dar la Consejería que tiene un plazo de hasta tres meses para emitir sus respuestas, tras el cual quedará disponible la vía judicial en caso de que estas no sean satisfactorias.

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